INSULTOS Y AGRESIONES DE PARTE DE COMUNISTAS, CASTILLISTAS, TERRORISTAS................
Las firmantes exigen a la Comisión de Ética del Congreso actuar frente a un caso de agresión que involucra a la congresista y exhortan a no pasar por alto los hechos narrados por la colega Patricia Chirinos.
En redes sociales, una publicación asegura que el exmandatario Pedro Castillo "vuelve a ser presidente", pues aparentemente sería puesto en libertad y "restituido en los próximos días". La publicación se basa en un supuesto escrito publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el que darían fe de que la vacancia presidencial del 7 de diciembre de 2022 "no respetó la Constitución, por tanto es nula". Sin embargo, es falso que la ONU ha "anulado" su vacancia.
Publicación viral presenta información falsa. Foto: captura de Facebook
El posteo ha sido compartido más de 16.000 veces desde el último 9 de abril. En él, la versión atribuida a la ONU y la OEA va acompañada de un video de un mensaje a la nación emitido por Pedro Castillo el 9 de agosto de 2022, acorde con el registro oficial disponible en YouTube. Dicho mensaje advierte de un "plan mediático que apunta a tomar el poder de manera ilegal e inconstitucional". Además, Castillo denuncia una "confabulación entre una parte del Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático".
En primer lugar, realizamos una búsqueda por palabras clave para dar con los supuestos escritos difundidos por la ONU y la OEA. No hallamos registros fiables en medios de comunicación acerca de un aparente anuncio de esta magnitud de parte de ambos organismos. Con respecto a la OEA, hasta el momento (12 de abril), en su web oficial no hay comunicados oficiales en torno a la referida decisión, ni tampoco detectamos una mención respectiva en su cuenta oficial de Twitter.
Al contrario, el 8 de diciembre de 2022, un día después del fallido intento de cierre del Congreso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —órgano principal y autónomo de la OEA— condenó las decisiones del exmandatario peruano "contrarias al orden constitucional" y reconoció la rápida actuación de las instituciones "en defensa de la democracia". Esto último incluía al Congreso de la República y su decisión de efectuar la vacancia presidencial, seguida por la sucesión constitucional de Dina Boluarte.
Además, de acuerdo con una verificación del medio AFP Factual sobre un bulo similar, tanto la cuenta oficial de Twitter del Perú en la OEA como el representante permanente peruano ante este organismo, Gustavo Adrianzén, desmintieron que Castillo volvería a la presidencia tras la publicación de un "informe final de la CIDH". Frente a tal afirmación, indicaron que dicha versión era falsa.
En cuanto a la ONU, encontramos que la misma página de Facebook que difundió la publicación viral compartió otros dos posteos en la misma línea. En uno de ellos, presentó un documento de las Naciones Unidas en el que, aparentemente, se recomienda la "liberación y restitución de Pedro Castillo". En realidad, se trata del documento "Observaciones finales sobre el sexto informe periódico del Perú", publicado el 5 de abril de 2023 por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, y cuyos avances se difundieron el pasado 24 de marzo.
El referido informe aborda diversas problemáticas concernientes a la actual crisis política y social del país. La situación legal de Pedro Castillo solo se aborda en los puntos 36 y 37, pertenecientes al apartado "Derecho a participar en los asuntos públicos y a un juicio imparcial". Ahí, el Comité expresa su preocupación por la forma como se dieron los eventos ocurridos el 7 de diciembre, incluyendo la vacancia del expresidente; en particular, que no se hubieran respetado los artículos 2, 9, 14 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Puntos referidos a la vacancia y situación legal de Pedro Castillo. Foto: captura en documento del Comité de Derechos Humanos de la ONU
Por consiguiente, el documento indica que el Estado debe velar por un proceso de vacancia presidencial en conformidad "con los principios básicos del debido proceso y juicio justo", y en respeto del artículo 25 del Pacto (este último, referido a los derechos relativos a la participación en la dirección de asuntos públicos). Además, pide que el proceso penal contra Pedro Castillo se realice "con pleno cumplimiento de las garantías propias del derecho a un juicio justo", tal como lo estipula el artículo 14 (relativo a los derechos de las personas ante los tribunales).
Sin embargo, el documento del Comité de DD. HH. de la ONU no menciona explícitamente que el Estado peruano "debe" liberar a Pedro Castillo ni restituirlo en el cargo de presidente, como afirman las publicaciones virales.
Asimismo, Verificador de La República conversó con el abogado Ronald Gamarra, especialista en derechos humanos, acerca del informe de la ONU y la situación legal de Castillo. El letrado indicó que el documento "no ordena ni liberación ni reposición". Según explicó, el Comité solamente "muestra su preocupación por la forma en que se ha desarrollado los hechos e insta al Estado a hacer las cosas conforme a las obligaciones internacionales contraídas por la suscripción del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".
Entonces, ¿de dónde surge la interpretación de la "liberación y restitución"? Para ello, basta revisar el otro posteo difundido por la página de Facebook. Aquella publicación reproduce la declaración que el abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, dio en una entrevista para el programa "Ecos latinos", originalmente transmitido vía Facebook el último 5 de abril. Ahí, el defensor del exmandatario parte del documento del Comité de DD. HH. la ONU y de un supuesto informe técnico-jurídico de la OEA (que sería publicado posteriormente, según Pachas) para argumentar que "no hubo un antejuicio político" contra Castillo Terrones y que, por lo tanto, la vacancia sería nula.
Las publicaciones virales, a su vez, toman los argumentos de Pachas para concluir que Castillo "ganó fallo a favor", que "la ONU y la OEA ya notificaron al Perú", que la vacancia "no respetó la Constitución y es nula", y que el exmandatario "tiene que ser repuesto como presidente". No obstante, se trata de la interpretación de una de las partes (la defensa de Castillo), y no de la posición pública y oficial de los organismos internacionales involucrados.
Este medio se comunicó con Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo, quien se mantuvo firme en su versión, y nos proporcionó los señalados documentos de la ONU. Sin embargo, en ninguno de ellos (tanto en la versión del 5 de abril como en la preliminar del 24 de marzo) aparece el término "antejuicio político", ni tampoco se explicita una orden para anular la vacancia del 7 de diciembre de 2022, como ya explicamos anteriormente.
De igual modo, al consultar al abogado Ronald Gamarra sobre la interpretación de Pachas, indicó que el documento de la ONU "no dice lo que señala el abogado de Castillo".
Con respecto al supuesto informe de la OEA, le indicamos a Pachas que hasta la fecha no se ha publicado un pronunciamiento oficial al respecto. Ante ello, el abogado alegó que "se va a publicar en esta semanas (sic)" y que, aparentemente, la "Cancillería ya lo tiene". Mientras el referido informe no se haga público, no resulta cierto afirmar que la OEA "ya publicó el escrito", como se indica en el viral del 9 de abril.
Es falso el posteo de Facebook que afirma que "Pedro Castillo vuelve a ser presidente" a partir de un supuesto escrito publicado por la ONU y la OEA, según el cual la vacancia presidencial sería "nula". Hasta el momento, la Organización de los Estados Americanos (OEA) no ha emitido un documento oficial pronunciándose sobre la situación legal actual del expresidente del Perú.
Además, el documento publicado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no dice que el Estado debe liberar ni restituir a Castillo, acorde con un abogado especialista en la materia. Solo ha invocado su derecho a un juicio justo y que se respeten los procesos. En consecuencia, calificamos la información viralizada en redes como falsa.
*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp (+51 997 883 271).
El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley para la creación de Autoridad Nacional de la Infraestructura (ANI). La iniciativa será enviada al Congreso con “carácter prioritario”. Esta institución absorberá a la llamada Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios.
Dicha entidad, según el Ejecutivo, tendrá entre sus objetivos estratégicos ejecutar obras emblemáticas en todo el territorio nacional, la prevención y el control de las cuencas hidrográficas para evitar huaicos e inundaciones, y llevar adelante el mejoramiento de la cuenca del río Rímac, entre otros.
Alberto Otárola, jefe del Gabinete Ministerial, explicó que esta entidad absorberá a la ARCC para ejecutar las obras contempladas en el Plan Nacional de Infraestructura y relacionadas con los servicios de alerta temprana, drenaje fluvial y protección de quebradas.
“Esta Autoridad Nacional de la Infraestructura se encargará de las obras emblemáticas y tratará de darle solución al problema de los 117 mil millones de soles de déficit en infraestructura que tiene el país. Esta autoridad será un ente permanente y a nivel nacional que trabajará con la rectoría de los ministerios correspondientes y con los gobiernos regionales, los alcaldes de todo el país, las obras prioritarias y emblemáticas que el país requiere”, comentó Otárola.
El proyecto de ley tendrá que ser debatido y luego sometido a una votación en el pleno del Congreso para ver si obtiene luz verde. Para Mary Mollo, especialista en gestión de riesgo de desastres de ESAN, el gobierno deberá ser más claro en lo que se refiere a "obras emblemáticas".
"Lo que necesitamos entender con la ANI (Autoridad Nacional de Infraestructura) es: ¿Qué se comprende como obras emblemáticas? ¿Qué estaría comprendiendo en el enfoque integral de riesgos de desastres y lo que es el manejo y prevención del recurso hídrico? No ocuparnos solamente en una de las cuencas como la del río Rímac. No debemos crear una entidad para borrar lo que no hemos podido hacer con la ARCC, sino tener una institución que nos dote al país de infraestructura para el proceso de desarrollo sostenible", sostuvo para RPP Noticias.
Mollo señaló que la ARCC tuvo un mal manejo del dinero público en obras que no funcionaron correctamente. Por ello, sostuvo que debería darse una mejor fiscalización.
"Tener a una autoridad nacional a cargo de la prevención y el manejo de las cuencas supone tener claro qué es lo que estamos entendiendo con ello porque no se puede repetir la misma historia que tenemos con la ARCC de hacer obras de pequeña envergadura como descolmatación en los ríos y que no se ocupa de hacer el manejo del recurso hídrico desde la cuenca en la parte alta, media, el destino del agua y en el piso de los valles. Tiene que haber un enfoque integral que no solamente tiene que ver con el manejo de la infraestructura, sino además con el mantenimiento de la misma", enfatizó.
El presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL, Miguel Honores Medina, saludó la iniciativa del gobierno en el aspecto de la prevención ante la posible llegada del Fenómeno de El Niño, pero advirtió los peligros de que dicha entidad se burocratice.
"Como toda iniciativa tiene riesgos y estas iniciativas estatales generalmente tienden a burocratizarse. Para que logren el objetivo tendrían que, de alguna manera, desactivar o desarticular entidades ejecutoras sobre la que podría llevarse a cabo esta nueva organización, pero también hay autoridades ejecutoras en los ministerios como el Pronied. Los gobiernos regionales ejecutan y son malos en ello, dicho sea de paso, entonces tendrían que considerar muchos aspectos para que esto funcione", precisó.
Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), también se pronunció con este anuncio en RPP y lamentó que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios no concretara los trabajos de prevención contra fenómenos naturales. En ese sentido, saludó que la presidenta Dina Boluarte haya impulsado esta nueva entidad.
"Este organismo público descentralizado debería ser el ente que haga el plan estratégico de la infraestructura nacional. Debería ser un organismo donde se garantice la decisión técnica, que prevalezca la técnica antes que la política", indicó Salazar Nishi.
La misma opinión tuvo Carlos Neuhaus, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura, quien recomendó que la ANI debe ser un órgano autónomo liderado por personas bien capacitadas para llevar a cabo las labores.
"Que sea técnica como la Superintendencia de Bancos, como alguna de estas entidades autónomas que sus autoridades trasciendan los gobiernos para que sean manejadas por personas especializadas. El aparato burocrático debe ser elegido entre los mejores. Acá los proyectos muchas veces se hacen en orden de 'rompan filas', aparece un municipio que quiere hacer una plaza de toros o un estadio con cinco mil personas cuando solo hay una población de mil habitantes. Hay un total descontrol a nivel nacional de lo que es la gestión del Estado y una subutilización tremenda de los presupuestos asignados para la inversión", sostuvo.
La Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios tenía presupuestado utilizar S/ 8 150 millones este 2023 para ejecuciones de obras en 13 regiones afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero. Tras su virtual desaparición, otro debate es sobre la cantidad de dinero que la Autoridad de la Infraestructura debería utilizar para conseguir sus objetivos. ¿Usar un mayor presupuesto o solo incorporar el que deja la ARCC?
"Todo proyecto pasa por el tema económico, de presupuesto y la cantidad de recursos debe ser la necesaria para cubrir lo que cueste las obras, pero siempre en el Perú cuando se hacen los expedientes técnicos no consideran los precios reales, entonces terminamos con obras inconclusas porque el presupuesto se agotó. El presupuesto está en función de la disponibilidad de la caja fiscal y las prioridades también porque no se puede hacer todo en un solo tiempo", sostuvo Miguel Honores, presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL.
Para Henry Rafael, docente de la maestría en Gestión Pública de la Escuela de Postgrado UPC, el manejo del dinero que se le brinde debe ser utilizado de manera rápida ante los daños que han dejado los recientes huaicos y lluvias por el país.
"De nada sirve elevar un presupuesto si no va a haber calidad ni capacidad de ejecución, que es lo que vemos en los gobiernos regionales y en algunos ministerios, donde los presupuestos son otorgados y no se ejecutan, o si se hacen, no es con calidad o en el tiempo que se necesita. Toda obra de inversión tiene que tener la necesidad pública sino también el tiempo de ejecución. Si vamos a crear una Autoridad de Infraestructura que tenga recursos, pero que no lo haga de manera rápida y eficiente, se convertirá nuevamente en una entidad lenta
que no soluciona los problemas en el debido momento", explicó.
Rafael recalcó la importancia de lo que será agilizar todos los procesos una vez se concrete la Autoridad Nacional de Infraestructura.
"Lo interesante de una medida que busca tener una suerte de ente coordinador y ejecutor a la vez es apresurar sus acciones que vayan más allá de un ministerio, ya que este en su amplia diversidad de funciones y ámbitos de acción hacen a veces mucho más lento y burocrático las acciones de reconstrucción inmediata, en cambio, cuando se crea una autoridad de este tipo lo que busca es agilizar las acciones", añadió.
