Cuando a ud su esposa le hace denuncias de Violencia Familiar, estos actos destruyen terriblemente su reputación, porque esto social mente lo destruye y lo presenta al mundo como un : golpea mujeres, un cobarde, un abusador, y la gente común.....el publico , hasta se imagina las peores cosas.......como por ejemplo: Que ud viola sexualmente a la mujer.....hechos que en la mayoría de los casos no ocurrió jamas....pero la mala reputación lo acompañara a ud siempre y los periódicos si se enteran harán su agosto....
Aun cuando ud fue inocente, una victima de las circunstancias en ocasiones su pecado , fue cometer el grave error de casarse con una mujer ambiciosa. Que en realidad se caso con ud por plata.
Son este tipo de personas, ambiciosas, calculadoras, sin moral, deshonestas, son por lo general las que hacen esas denuncias contra hombres que son exitosos, para sacarles plata, pedirles dinero, obligarlos a firmar por la fuerza, acuerdos post nupciales abusivos, onerosos, para tener como reclamar dinero.........mucho mucho dinero............
ALA ES GRANDE Y PODEROSO............YO DEFIENDO A MIS HIJOS COMO UNA LEONA............LA MITAD ES MIA......
POR ESO INVITAR A CONCILIAR ES UNA FORMA DE PONERLE FIN....A UNA DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR
firmó acta para que Southern se vaya del valle de Tambo
Historia de Política • Ayer a las 13:56
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Arequipa. Las últimas declaraciones de la presidenta de la República, Dina Boluarte, de plantear un diálogo sobre Tía María, puso intranquilos a opositores al proyecto minero. Miguel Meza Igme, vocero del reclamo antiminero, recordó que Boluarte firmó un compromiso para exigir el retiro de Southern Perú del valle de Tambo.
Boluarte no descartó poner nuevamente en marcha el proyecto de Southern. “Hay que conversar, nada está cerrado, pero se tiene que respetar la vida, se tiene que respetar el medio ambiente. (…) No podemos anteponer el tema del oro, la plata, por el agua”, manifestó la mandataria a un medio radial.
Sin embargo, Meza indicó que el 14 de marzo de 2021, durante la campaña electoral, la entonces candidata vicepresidencial de Pedro Castillo, Dina Boluarte, estampó su firma en un compromiso con el valle. Se reunieron en el Club Apurímac de la ciudad de Lima.
En el último punto está que se compromete “al retiro inmediato de la empresa Southern Perú de la provincia de Islay, cancelación definitiva del proyecto Tía María y La Tapada”, además de cualquier denuncio minero en Islay con el fin de garantizar el desarrollo de la agricultura y turismo. “Ahora declaraciones son ambiguas. Cuando fue candidata estuvo en Cocachacra y mencionó que era importante la agricultura”, recordó el dirigente.
Añadió que se mantendrán alertas y que convocarán a los agricultores después de las fiestas para tomar acciones. Por lo pronto anunció que renovarían las banderas “Agro sí, mina no”.
Fiscal Uriel Terán solicitó prisión preventiva para Pedro Castillo y Aníbal Torres
ATROPELLOS Y
ABUSOS INCREIBLES CONTRA REPRESENTANTES DEL PUEBLO PERUANO
SALVANOS DIOS MIO.............
Historia de Política • Hace 12 h
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El expresidente Pedro Castillo Terrones continuará detenido por el intento de golpe de Estado. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, máxima instancia judicial para este caso, ratificó la detención judicial del exmandatario en flagrancia, del 7 al 14 de diciembre del 2022.
Inmediatamente, el fiscal supremo Uriel Terán presentó al juez un pedido de prisión preventiva por 18 meses contra el expresidente Castillo y Aníbal Torres. Esto prolonga su detención, hasta que se realice la audiencia.
Defensa. Ronald Atencio había pedido descartar los cargos. Foto: Deysi Portuguez/URPI-LR
La Sala Suprema, presidida por el juez supremo César San Martín, emitió un pronunciamiento ante la apelación presentada por los abogados de Castillo contra su detención.
Pedro Castillo y las tres vías para acabar con un presidente
El
mandatario, acusado de encabezar una organización criminal, denuncia
que los que buscan su destitución planean un golpe de Estado
El presidente de Perú, Pedro Castillo, en el Palacio Presidencial, el mes pasado.EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO (EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTA)
Renzo Gómez Vega
Lima -
Pedro
Castillo, el maestro sindical que llegó a Palacio, no gobierna,
sobrevive. A diferencia de otros presidentes de Perú, que tuvieron un
periodo de tregua en su primer año, Castillo vive en una constante
confrontación con los otros poderes del Estado. La fiscal de la Nación lo ha denunciado
constitucionalmente ante el Congreso por delitos de corrupción.
Nuevamente en jaque, Castillo apeló a su viejo sombrero, y sacó un
conejo que ha erizado a sus opositores: acudió en busca de protección a
la Organización de Estados Americanos (OEA).
El
sindicalista que derrotó a Keiko Fujimori denunció que se orquesta un
golpe de Estado en su contra, y le ha pedido a la OEA que active la
Carta Democrática Interamericana, un tratado internacional que defiende
la estabilidad institucional y política de los países miembro. En medio
de una jornada extraordinaria, el último jueves la OEA ha decidido
acoger la solicitud de Castillo. Lo que supone enviar una comitiva de
alto nivel al Perú para analizar la situación política y comprobar in
situ si efectivamente hay un complot que amenaza la democracia.
Por
estos días un grupo parlamentario se encuentra recolectando firmas para
impulsar la tercera moción de vacancia —destitución— contra Castillo.
Un mecanismo constitucional que en el pasado removió a los expresidentes
Alberto Fujimori y Martín Vizcarra. El primer intento ocurrió a finales
de 2021, cuando Castillo ni siquiera tenía medio año de Gobierno,
por supuestamente haber influido en el nombramiento de los altos mandos
de las Fuerzas Armadas y policiales. El segundo, en marzo de 2022 tras
ponerse en evidencia sus reuniones clandestinas con empresarios que
luego ganaron licitaciones con el Estado. Ahora, tras seis
investigaciones fiscales que lo señalan como cabecilla de una mafia
enquistada desde Palacio, se pretende su salida bajo tres caminos que
confiere la Constitución peruana: denuncia constitucional, vacancia
constitucional y suspensión.
En una acción que provocó el
debate de los juristas, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides
denunció a Castillo a pesar de que la Constitución Política del Perú en
su artículo 117, no incluye los delitos de corrupción como causales para
destituir a un presidente en funciones de su cargo. Aun así, su
denuncia fue aceptada por el Congreso y se encuentra en evaluación en la
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Un proceso que podría
resolverse todavía en los primeros meses del próximo año.
“La
fiscal ha llegado a la conclusión de que hay 190 indicios de comisión
de actos delictivos en el ejercicio de la función del presidente, pero
tiene una valla: el artículo 117. Por eso le ha sugerido al Congreso que
sería oportuno aplicar el Principio de Convencionalidad, inaplicando
ese artículo 117, y superponiendo en su defecto el Convenio sobre la
Lucha contra la Corrupción que el Perú firmó en el 2003 con las
Organización de las Naciones Unidas”, explica el constitucionalista
Víctor García Toma.
Esta discusión sobre el artículo 117
ha generado una paradoja: quienes están a favor del cambio total de la
Constitución, son quienes se amparan en él para defender la investidura
del presidente. Y viceversa: quienes sostienen que la carta magna no
debe reformarse, por estos días reclaman que dicho artículo es un
blindaje a favor de la impunidad.
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A
la exministra de Justicia, Ana Neyra le preocupa que se vulnere la
Constitución inaplicando el artículo 117, pues sentaría un mal
precedente para los futuros mandatarios. “Eventualmente lo que estamos
haciendo es debilitar la institución presidencial, hoy ocupada por
alguien que de repente a muchos no les gusta, pero mañana tal vez
ocupada por otra persona que tendrá altas posibilidades de que estas
circunstancias se repitan. Los últimos presidentes del Perú han
alcanzado el poder con minorías parlamentarias o mayorías débiles. No
podemos generar nuevamente un desbalance entre el Ejecutivo y el
Legislativo”.
La otra vía para remover a Castillo de su
cargo es la mentada vacancia por incapacidad moral permanente. Una
movida legal que, a diferencia de la acusación constitucional, puede
resolverse rápidamente en el Pleno del Congreso. El detalle es que se
necesitan dos tercios de los votos del total de parlamentarios (130)
para aprobarse. Y vaya que no es un detalle menor: como en los dos
intentos del pasado, la oposición no ha sido capaz hasta ahora de reunir
los 87 votos que necesitan. “Hay un sector del Congreso que ha sido
copado por prebendas y dádivas por parte del Poder Ejecutivo.
Evidentemente son ‘topos’ que impiden llegar a los 87 votos. Se han
comprado conciencias para cambiar el curso de un voto por convicción”,
arguye Víctor García Toma. De acuerdo a la tesis fiscal, uno de los
brazos de la supuesta organización criminal de Pedro Castillo es un
grupo de congresistas del partido Acción Popular apodados ‘Los niños’.
Según una colaborador eficaz los llaman así porque “obedecen todo lo que
diga el mandatario”.
Para el politólogo Eduardo Dargent
la vacancia constitucional pierde fuerza porque existe una numerosa
facción de parlamentarios que desea concluir su periodo congresal y
sacar a Castillo solo conseguiría precarizar todavía más la
institucionalidad. “Yo todavía sigo pensando que hay más estabilidad que
colapso. Hay un pragmatismo en el Congreso que hace difícil una caída
del Gobierno por vacancia”, indica y de inmediato agrega: “si bien
(Castillo) por ahora puede tener cierta malla de seguridad y control de
la situación, todo es muy precario. Su gran problema es que le cuesta
mucho articular su defensa, construir una narrativa creíble. Si uno se
da cuenta nunca hay una defensa de fondo de los temas que se le acusan”.
En
efecto, Castillo en lugar de responder con solidez y énfasis a cada una
de las imputaciones en su contra, se exculpa alegando que es víctima de
una persecución política de parte del Ministerio Público y el Congreso.
En consonancia a ello, el abogado Raúl Noblecilla, exasesor de Perú
Libre, el partido que aupó a Castillo al poder, asegura que “existe un
plan siniestro de golpe de Estado que cuenta con el control de la prensa
y los aparatos de administración de justicia para doblegar al
adversario”. Noblecilla remarca: “la sociedad tiene derecho a que se
investigue, pero también se debe tener en claro todo esto. Los enemigos
de la democracia pretenden instaurar una dictadura”.
¿Se
puede afirmar que el presidente de la República emplea como principal
estrategia de defensa la victimización? Dargent lo explica así:
“Castillo aprovecha el sector que lo apoyó, así como su procedencia
humilde para construir una idea de que hay revanchismo (en la oposición)
y algo de eso hay, pero sus problemas son reales”. En ese sentido, la
politóloga Katherine Zegarra señala que su “victimización es exitosa
porque tiene a una oposición torpe y una treintena de instituciones del
Estado que están deslegitimadas”. Una oposición que, en cierto modo,
sigue sin reconocer el triunfo de Castillo en las elecciones del 2021 y
que, curiosamente, acudió a la sede de la OEA, en los Estados Unidos,
para denunciar el supuesto fraude electoral.
Prueba de
ello es el comunicado emitido por San Isidro, uno de los distritos más
acomodados de Lima, que ha calificado al presidente como persona no grata
recientemente. Zegarra, además, subraya que una de las pisadas en falso
del bando contrario es recurrir a descalificaciones de índole racista y
clasista debido al origen de Castillo, quien nació en Cajamarca, una
región de la sierra peruana, distante a Lima, la capital. “En general es
un líder que exhibe muchos elementos para ser criticado, especialmente
por sus supuestas relaciones con la corrupción. Pero en muchas ocasiones
la crítica ha venido cargada de racismo, generando rechazo de parte de
la ciudadanía”.
El tercer camino del Congreso para la
destitución de Pedro Castillo es la suspensión, una medida que tiene una
carencia: falta que se apruebe su regulación. Actualmente, la Comisión
de Constitución que preside Fuerza Popular -la agrupación que lidera
Keiko Fujimori, la principal adversaria de Castillo- viene discutiendo
un proyecto de ley al respecto. También tardaría hasta el verano del
2023 para resolverse, pues tiene un añadido: el Poder Ejecutivo posee la
facultad de observalo y así dilatar su aprobación.
Las
investigaciones de la Fiscalía sostienen que la presunta red criminal
del mandatario involucra a gran parte de su familia —desde su esposa,
Lilia Paredes, hasta su cuñada y sus sobrinos—, así como ministros de
Estado y un círculo íntimo de asesores que ha sido bautizado como
“gabinete en las sombras”. Algunos de ellos se encuentran prófugos como
Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones; Fray Vásquez
Castillo, su sobrino; y Alejandro Sánchez, dueño de la casa donde
Castillo se reunía extraoficialmente con empresarios y políticos. “Es
muy difícil tener una percepción clara en este contexto enmarañado.
Castillo podría durar hasta el 2026, pero tampoco tiene capacidad de
buscar consensos. Si además de todos los problemas de la clase política,
la gente tiene menos para comer al día siguiente o ocurre un milagro o
esta situación será absolutamente inmanejable”, sentencia Eloy
Espinosa-Saldaña, exmagistrado del Tribunal Constitucional.
Las
futuras recomendaciones de la OEA, cuya comitiva de alto nivel todavía
no tiene una fecha definida para visitar el Perú, podrían caer en saco
roto para las aspiraciones de Pedro Castillo. “Por ahora el presidente
está buscando mostrarse ante el mundo como un perseguido político. Pero
lo cierto es que más allá de que la OEA delegará a un grupo para
observar la realidad del país, no necesariamente actuarán a favor del
gobierno por más que algunos lo crean”, dice el politólogo José
Alejandro Godoy. A esperar parados y con los ojos bien abiertos el
próximo capítulo de este vaivén presidencial.
Los distintos gobiernos coincidieron en expresar este miércoles su
"preocupación" por la crisis política peruana y solicitaron una solución
por la vía democrática.
07-12-2022 | 22:43
Castillo en una reunión con fiscales. Foto: AFP Estados Unidos y la mayoría de los países de América Latina expresaron
este miércoles su "preocupación" por la crisis política que atraviesa
Perú y solicitaron a los poderes de ese país que encuentren una solución
por la vía democrática, luego de que el Congreso destituyera al
presidente Pedro Castillo, quien previamente había disuelto el cuerpo.
El Congreso destituyó a Castillo por "incapacidad moral", luego de que el mandatario decidiera disolver el Poder Legislativo y reorganizar el sistema de Justicia.
La vicepresidenta Dina Boluarte, que denunció un "golpe de estado", asumió la Presidencia este mismo miércoles por la tarde.
"Tengo
entendido que, dada la acción del Congreso, ahora es el expresidente
Castillo", dijo a periodistas el vocero del Departamento de Estado de
Estados Unidos, Ned Price, que agregó que los legisladores peruanos
tomaron "medidas correctivas" de acuerdo con las reglas democráticas.
"Rechazaremos
categóricamente cualquier acto que contravenga cualquier Constitución,
cualquier acto que socave la democracia en ese país", afirmó Price, según la agencia de noticias AFP.
Estados Unidos actuará "de acuerdo con los deseos y las aspiraciones del pueblo peruano", agregó el funcionario.
En tanto, el Gobierno de la
Argentina manifestó su "profunda preocupación" por la crisis política
que atraviesa Perú y exhortó a "todos los actores políticos y sociales"
de ese país a "resguardar las instituciones democráticas, el Estado de
derecho y el orden constitucional"
La
Argentina "lamenta y expresa su profunda preocupación por la crisis
política que atraviesa la hermana República del Perú, y hace un llamado a
todos los actores políticos y sociales a que se resguarden las
instituciones democráticas, el Estado de derecho y el orden
constitucional", tuiteó la Cancillería.
El
Gobierno de Brasil también destacó que la decisión de Castillo de
disolver el Congreso y decretar un toque de queda representan una
"violación contra la democracia".
En tanto, el presidente electo de Brasil, Luiz
Inácio Lula da Silva, recibió con "mucha preocupación" las noticias
sobre la crisis en Perú, remarcó que es “siempre lamentable que un
presidente electo democráticamente tenga ese destino”, pero rescató que
“todo fue encaminado de forma constitucional".
"Lo
que Perú y América del Sur precisan en este momento es de diálogo,
tolerancia y convivencia democrática para resolver los verdaderos
problemas que todos enfrentamos", añadió Lula en un comunicado, en el que expresó su deseo de que Boluarte tenga éxito “en su tarea de reconciliar el país”.
"Las
medidas adoptadas el día de hoy, 7 de diciembre, por el presidente
Pedro Castillo, incompatibles con las normas constitucionales de Perú,
representaban una violación a la vigencia de la democracia y del Estado
de Derecho", destacó en un comunicado el Ministerio de Relaciones exteriores de Brasil, según la agencia Sputnik.
El
Gobierno de Chile dijo en un comunicado que "lamenta profundamente la
situación política que está viviendo la República del Perú, y
confía en que esta crisis que afecta al país hermano se pueda resolver a
través de mecanismos democráticos y el respeto al estado de derecho".
Chile "hace un llamado enfático a que se respeten los derechos humanos y
las libertades fundamentales, y reafirma su compromiso con la
democracia y el diálogo como el camino para superar este complejo
momento", agregó.
Asimismo,
el Gobierno de "México lamenta los últimos acontecimientos en Perú y
hace votos por el respeto a la democracia y a los derechos humanos en
bien de ese entrañable pueblo hermano", tuiteó el canciller,
Marcelo Ebrard, que previamente había anunciado la suspensión de la
cumbre de la Alianza del Pacífico, en la que México entregaría la
presidencia del organismo a Perú la semana próxima, en Lima.
Por su parte,
el Gobierno de Ecuador "expresa su profunda preocupación por la
situación política en el hermano país del Perú. Hacemos un llamado a
todos los actores políticos para mantener el Estado de Derecho y la
Democracia y a la comunidad internacional para facilitar el proceso
democrático del Perú", tuiteó la Cancillería.
A su vez, el Gobierno de Colombia "expresa su preocupación por la crisis política en Perú, se
solidariza con el hermano pueblo peruano y hace un llamado al diálogo a
todos los actores políticos para salvaguardar la democracia", declaró
el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado publicado en su
página web.
"Colombia condena todo atentado
contra la democracia, venga de donde venga, y recuerda que la democracia
requiere el reconocimiento de la voluntad popular expresada tanto en
las elecciones para presidente como para el congreso", agregó el texto.
También la Unión Europea (UE) reclamó diálogo para asegurar la estabilidad en Perú y expresó su respaldo “a la solución política, democrática y pacífica adoptada por las instituciones”.
En un comunicado que firma la delegación del bloque en Lima, la UE
instó a “todos los actores de Perú a un diálogo que asegure la
estabilidad en el marco institucional", y afirmó que los países miembros
siguen "atentamente los acontecimientos".
El presidente de Bolivia, Luis
Arce, afirmó en Twitter que "desde un inicio la derecha peruana intentó
derrocar a un gobierno democráticamente electo por el pueblo, por las
clases humildes que buscan más inclusión y justicia social".
"El constante hostigamiento de élites antidemocráticas contra gobiernos
progresistas, populares y legítimamente constituidos, debe ser
condenado por todas y todos; abogamos porque la democracia, la paz y
respeto a los derechos humanos, prevalezcan en beneficio del pueblo
peruano", agregó.
En tanto, el Gobierno
de Uruguay, en un comunicado de su cancillería, hizo "un llamado a
respetar las instituciones democráticas" y condenó "enérgicamente
cualquier intento de quebrantar el orden constitucional vigente" en
Perú.
Añadió que confiaba en "un pronto
y normal funcionamiento de las instituciones republicanas de gobierno" y
auguró que la asunción de Boluarte "conduzca a garantizar la
estabilidad política y la preservación del estado de derecho".
El canciller de México, Marcelo Ebrard, confirmó que Pedro Castillo pidió por segunda vez y desde el penal de la Dinoes, asilo al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “Hemos procedido a iniciar consultas ante las autoridades peruanas”, señaló en redes sociales.
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