Defensor del Pueblo sobre Edwin Donayre: "Tiene que cumplir su condena"
Walter Gutiérrez sostuvo que "no puede haber un funcionario público con corona", en referencia a los congresistas Edwin Donayre y Moisés Mamani.
El Poder Judicial exige que Edwin Donayre cumpla con los cinco años y seis meses de prisión que fueron dictados por el caso conocido como 'Gasolinazo'.
El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez , sostuvo que el congresista de Alianza para el Progreso, Edwin Donayre , debe cumplir la condena de cinco años y seis meses que le impuso el Poder Judicial por el caso 'Gasolinazo'.
"En la situación en que se ha presentado y las imputaciones hechas, él tiene que cumplir", afirmó Gutiérrez en declaraciones a Agencia Andina.
De esta forma, manifestó que a Edwin Donayre se le debe levantar la inmunidad parlamentaria para que se haga efectiva la medida dispuesta por el Poder Judicial puesto que "no puede haber un funcionario público con corona".
Como se sabe, el Poder Judicial reiteró el 26 de noviembre su pedido al Congreso para que levante la inmunidad de arresto a Edwin Donayre. La Comisión de levantamiento de inmunidad acordó evaluar este lunes el caso.
De igual manera, Walter Gutiérrez refirió que el congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani, también debe ser sometido al levantamiento de su inmunidad parlamentaria.
"No puede permanecer ni un minuto más sin que se inicie el proceso, si el Congreso quiere legitimarse necesita dar una señal clara de que está comprometido con los temas de no violencia contra la mujer", afirmó.
Apuntó que corresponde al Congreso aceptar el pedido de levantamiento de fuero solicitado por el Ministerio Púbico, entidad que ya investiga al legislador por los presuntos tocamientos indebidos.
El lunes la Comisión de Ética Parlamentaria debatirá un preinforme sobre el congresista Moisés Mamani que recomienda suspenderlo por 120 días en el ejercicio de sus funciones sin goce de haber.
Sobre Moisés Mamani pesan dos pedidos de la fiscalía sobre el levantamiento de su inmunidad congresal. El primero, referido a los delitos de falsedad genérica e ideológica; y el otro centrado en el caso de tocamientos indebidos a la aeromoza de Latam
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