EXPEDIENTES JUDICIALES ELECTRONICOS EN PERU

Destacan que expediente judicial electrónico sea incluido como política pública del Estado peruano

  |  45Miércoles, 31 de Julio de 2019

El Expediente Judicial Electrónico (EJE) es una herramienta para mejorar el servicio de justicia y hacer los procesos de manera más céleres y transparentes, sostuvo el juez supremo Héctor Lama More, quien preside la comisión de trabajo del Poder Judicial encargada de la implementación del EJE.

El juez supremo Héctor Lama More considera que la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE), es una necesidad para mejorar el servicio de justicia, haciéndolo más célere y transparente; y también para hacer más propicio el ambiente de negocios y la inversión privada, nacional y extranjera, en bienestar de los peruanos.

“De esta forma el EJE no penal pasa de ser un proyecto piloto del Poder Judicial a ser una política pública del Estado peruano, calificado como objetivo prioritario en el citado plan”, precisó el citado juez supremo, quien preside la comisión de trabajo del Poder Judicial encargada de la implementación del EJE.

Este plan contiene 84 medidas de política pública que tiene por fin constituir el marco y la hoja de ruta que permita una intervención gubernamental articulada, eficaz y eficiente a un corto, mediano y largo plazo. En el documento, resultan necesarias acciones para la mejora del sistema de justicia como la implementación del EJE y el de un Repositorio de Consulta en Línea de Resoluciones Judiciales, privilegiando la transparencia. 

Por otro lado, el magistrado supremo detalló que a partir del miércoles 31 de julio será implementado el EJE en la Corte Superior de Cajamarca en los procesos judiciales laborales tramitados con la Nueva Ley Procesal del Trabajo, lo que significaría la expansión de la herramienta digital en distritos judiciales fuera del ámbito de Lima.

VEA TAMBIÉN: Distrito Judicial de Puno: Nueva Ley Procesal del Trabajo recién entrará en vigencia el 6 de agosto

En principio, el EJE regirá en los órganos jurisdiccionales del Módulo Corporativo Laboral (MCL) de la NLTP: dos juzgados de paz letrado, dos especializados y en la Sala Laboral Permanente de Cajamarca. De esta forma, la Corte de Cajamarca es la primera del interior del país donde será desplegada esta plataforma tecnológica, después de Lima y Lima Norte.   

PODER JUDICIAL PERU COMIENZA USO DE GRILLETES ELECTRÓNICOS CON CONDENADOS

Corte de Lima Norte implementa grilletes electrónicos para procesados y condenados

|  886Viernes, 22 de Marzo de 2019

En el Perú solo 19 personas utilizan el grillete electrónico. Se espera un mayor uso de esta medida, que busca descongestionar las cárceles, con la decisión de la Corte de Lima Norte de implementar el sistema de Vigilancia Electrónica Personal (VEP).

imagen: eletelegrafo.com

Se ha dispuesto la implementación del sistema de Vigilancia Electrónica Personal (VEP) en todos los órganos jurisdiccionales (juzgados y salas penales) que aplican el Código Procesal Penal en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

En ese sentido, se designó al juez Gersiño Walter Cajahuanca Cadillo, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de dicha corte superior, como Coordinador de implementación del sistema de Vigilancia Electrónica Personal (VEP).

Así lo establece la Resolución Administrativa N° 302-2019-P-CSJLIMANORTE/PJ, publicada el viernes 22 de marzo de 2019 en el diario oficial El Peruano.

VEA TAMBIÉN: Crean juzgados en el Lima Este para implementar el Código Procesal Penal

Para la emisión de esta medida se señala que mediante Oficio N° 168-2019-GADCSJLN/PJ (18/3/2019), el Administrador de la Gerencia Distrital informó que la CSJ-Lima Norte cuenta con la infraestructura y equipos necesarios para realizar las audiencias de solicitudes de los procesados y condenados que pretendan beneficiarse con el VEP.

Como se recuerda, el Decreto Legislativo Nº 1322 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2017-JUS, establecieron la Vigilancia Electrónica Personal (VEP) como una alternativa de restricción a las medidas de coerción procesal, a fin de descongestionar el hacinamiento de las personas procesadas o condenadas en los establecimientos penitenciarios.

Asimismo, se precisó que esa medida debe darse con prioridad de su otorgamiento a las personas mayores de 65 años, personas con enfermedades graves, personas con discapacidad física permanente que afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento, mujeres gestantes, mujeres con hijos (as) menores de tres años, madres o padres que sean cabeza de familia con hijo (a) menor de edad o con hijos (as) o cónyuge que tenga discapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado, en los delitos señalados en los apartados a) y b) del Decreto Legislativo Nº 1322.

Cabe señalar que durante el 2017 se instaló el primer grillete electrónico en el país. Desde esa fecha solo 19 presos utilizan estos dispositivos y solo se venía aplicando en los distritos judiciales de Lima y Callao. Ahora se suma Lima Norte.

Ud. puede descargar esta norma aquí y/o leerla en nuestro archivo Scribd:

 

Res.Adm.302-2019-P-CSJLIMAN... by on Scribd

 Comentarios

CON DECISION JUDICIAL DE PRIMERA INSTANCIA NO PODEMOS ENTREGAR A EDWIN DONAYRE

Congreso dilata decisión sobre pedido de prisión para Edwin Donayre

Comisión de Levantamiento de Inmunidad pidió opinión consultiva a la Comisión de Constitución sobre el caso del legislador de APP, sentenciado a más de cinco años por peculado 

Edwin Donayre mantiene una sentencia de cárcel efectiva en su contra. (Foto: Paco Sanseviero / El Comercio)

Redacción EC03.12.2018 / 01:18 pm

La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentariadecidió este lunes ─por mayoría─ solicitar a la Comisión de Constitución una opinión consultiva sobre la situación del congresista de Alianza para el Progreso (APP) Edwin Donayre, sentenciado en primera instancia a cinco años y seis meses de prisión por el delito de peculado en agravio del Estado.

Para la sesión de este lunes estaba previsto que se someta a votación la admisibilidad del pedido que había enviado el Poder Judicial reiterando que se autorice la efectividad de la condena interpuesta en contra Edwin Donayre por el caso ‘Gasolinazo’.

Para ello, se requiere que el Congreso levante la inmunidad que arresto que tiene el legislador de APP, al igual que todos los 130 parlamentarios de acuerdo con el artículo 93 de la Constitución.

No obstante, durante la sesión, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, pidió una cuestión previa para que el caso pase a la Comisión de Constitución, a fin de que se emita una opinión consultiva al respecto. Y es que, a su juicio, “se debe interpretar que el levantamiento de inmunidad de arresto procede solo ante sentencia firme y tenga la calidad de cosa juzgada”.

“En el Reglamento [del Congreso] no establece un procedimiento determinado para la tramitación de una solicitud de levantamiento de la inmunidad de arresto ni se ha determinado de manera precisa en qué circunstancias procede. Es decir, si es que es en primera instancia o sentencia firme. No lo dice el Reglamento”, justificó Carlos Tubino.

La iniciativa presentada por el congresista de Fuerza Popular fue sometida a votación y recibió la aprobación de sus colegas de bancada Marco Miyashiro, Tamar Arimborgo, Wuilian Monterola y Francisco Villavicencio. Solo votaron en contra de la cuestión previa Edmundo del Aguila (Acción Popular) y Alberto Quintanilla (Nuevo Perú).

“Políticamente es un blindaje. La ley es absolutamente clara. Han hecho una interpretación forzada. El recurso de nulidad interpuesto por el congresista Edwin Donayre no suspende la ejecución”, dijo Alberto Quintanilla.

La sesión fue presidida por el congresista César Vásquez, también de APP, a raíz de las licencias solicitadas por la aprista Luciana León (por maternidad), y el fujimorista Octavio Salazar (por salud), quien es vicepresidente.

Tras la sesión, Vásquez evitó comentar si de trató o no de un bindaje, como denunció Quintanilla. “[El blindaje] es una interpretación que puede tomarse, pero se han planteado argumentos válidos”, dijo.

“La Comisión de Constitución aclarará las dudas y vacíos que hay en el caso, sobre la sentencia firme que se necesitaría para levantar la inmunidad de arresto. Si tiene la voluntad política de hacerlo, puede convocar a una sesión extraordinaria”, puntualizó.

Por su parte, Tubino defendió su decisión e incluso agregó que esperarán una sentencia en segunda instancia contra Donayreantes de aprobar que se levante su inmunidad.

“Estamos frente a una situación en la que el Poder Judicial quiere que le entreguemos al congresista cuando solo se ha visto su caso en primera instancia. Nosotros le decimos: ‘No, señor. Concluya usted el proceso, traiga una sentencia firme y ejecutoriada”, aseveró.

PODER JUDICIAL PIDE LEVANTAMIENTO DE INMUNIDAD A EDWIN DONAYRE

Bartra: “Responderemos en el menor tiempo que nos permita la agenda”

Titular de la Comisión de Constitución no descartó sesionar en el receso parlamentario a fin de revisar la opinión consultiva requerida por la sentencia de Edwin Donayre

Rosa Bartra preside la Comisión de Constitución. (Foto: Congreso)

Redacción EC03.12.2018 / 02:37 pm

La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra(Fuerza Popular), manifestó que su grupo de trabajo responderá “en el menor tiempo” que le permita su agenda la opinión consultiva requerida por la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria por el caso del legislador Edwin Donayre (Alianza para el Progreso).

El general del Ejército Peruano en retiro fue condenado en primera instancia a cinco años y seis meses de prisión efectiva. Ante ello, el Poder Judicial ha reiterado al Congreso su pedido para que se pueda ejecutar la sentencia por el caso ‘Gasolinazo’.

En ese marco, la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria, grupo legislativo revisor de este tipo de solicitudes, ha aprobado derivar todo el expediente a la Comisión de Constitución. ¿El motivo? Tener los alcances sobre si el pedido procede con solo una sentencia en primera instancia o recién con una en segunda.

Rosa Bartra, presidenta de Constitución, remarcó en diálogo con El Comercio que su grupo de trabajo “es el órgano consultivo por excelencia del Congreso de la República cuando hay que hacer interpretaciones de este tipo”.

Señaló que esperarán a que llegue el expediente de Edwin Donayre al despacho de la Comisión de Constitución y que se procederá como se hace en otro tipo de opiniones consultivas. “Hacer la evaluación en gabinete de todos los alcances constitucionales de la consulta que está en requerimiento”, añadió.

“Tenemos otra, que se suma a esta y que ya va a salir, sobre los alcances de la inmunidad parlamentaria que fue solicitada por el Consejo Directivo hace algunas semanas. Así que lo estudiaremos y responderemos en el menor tiempo que nos permita la agenda”, agregó Rosa Bartra, de Fuerza Popular, ese ese contexto.

La parlamentaria indicó en esa línea que la comisión tiene “varias solicitudes de opinión consultiva pendientes de ser emitidas” y cuenta con una “enorme carga” procesal que arrastra desde gestiones anteriores. Hizo referencia también a las reformas constitucionales que serán sometidas a referéndum este 9 de diciembre.

Consultada sobre si finalmente este caso de Donayre se vería este año frente al receso parlamentario que iniciará en los próximas días, Bartra dijo: “No le podría responder porque tenemos semana de representación ya la siguiente semana”. Sin embargo, no descartó sesionar durante los meses de receso.

“Conversaré con los demás miembros de la comisión a fin de poder evaluar sus tiempos, que es algo que siempre hago. [...] Tampoco es algo que puedo responder en este momento. Consultaré y podremos evaluar sesionar también dentro del periodo de receso”, aseveró.

INES VILLA BONILLA INAGURA AÑO JUDICIAL CON JUECES PROBOS

Inés Villa Bonilla: “Acá no hay rebeldía, yo me debo a la ley”

La presidenta de la Sala Penal Nacional asegura que, en cumplimiento de lo que establece la ley, el fuero que dirige seguirá viendo casos como el de Odebrecht

La jueza superior Inés Villa Bonilla asegura que la competencia de la Sala Penal Nacional, que ella dirige, está definida por la ley. (Jéssica Vicente / El Comercio)

Karem Barboza Quiroz04.01.2018 / 09:10 am

La jueza superior Inés Villa Bonilla es conocida en el Poder Judicial (PJ) por haber procesado los casos de corrupción más complejos relacionados a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Desde hace cuatro años está al frente de la Sala Penal Nacional (SPN) y allí recibió a El Comercio para defender su fuero y expresar su malestar por las recientes decisiones adoptadas en el PJ.

— Se ha dicho que la discrepancia con el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y con el Consejo Ejecutivo es porque quieren quedarse con los casos emblemáticos, como el de Odebrecht.
Nosotros no estamos inventando nada ni tampoco queremos quedarnos con los procesos; no. Ni la Ley 30077 [del Crimen Organizado] ni el [Decreto Legislativo] 1342 señalan que el Sistema Anticorrupción Nacional conocerá los delitos conexos a los delitos contra la administración pública. No lo dicen en ningún párrafo.

— Pero Duberlí Rodríguez sostiene que la competencia de los casos de corrupción, conexos y los de lavado de activos lo ha definido  el Decreto Legislativo 1307  dado por PPK PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  y allí estaría su respaldo legal.
El Decreto Legislativo 1307, del 30 de diciembre del 2016, dispone que se cree el sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios y se implemente; no dice nada más. Lo otro solo lo disponen una resolución administrativa (051-2017) y un estatuto; y estas no están por encima de una ley. Si lo quiere cambiar, debe ser por otra ley.

— Hacia afuera se ve como un acto de rebeldía.
Acá no hay una rebeldía. ¿Yo me debo al Consejo Ejecutivo o a la ley? Nosotros solo buscamos que prevalezca la ley, porque el artículo 139 de la Constitución Política dice que ninguna autoridad puede abocarse, ni interferir en funciones jurisdiccionales, ni la observancia.

— En función de lo que usted me explica, ¿el presidente o el consejo están interfiriendo en estas causas?
Por supuesto, estarían interfiriendo porque ya está en trámite, ya están definidos jurisdiccionalmente. No es que a mí se me antoje, lo dice la Constitución.

— Algunos se preguntarían por qué se pelean por los casos como Odebrecht, Camargo Correa o Félix Moreno y simplemente no se los remiten para evitar estas discrepancias.
Sería irresponsable decir ‘que se los lleven pues’. Claro, cualquiera que no tiene conciencia o no respeta la ley o no hace su trabajo bien, podría decir ‘que se lleven los casos’, pero no es eso. Nosotros tenemos que ser respetuosos de la ley y defenderla. A nosotros nos asiste la ley.

— Entonces, ¿no remitirán los casos emblemáticos a los nuevos juzgados anticorrupción?
Nosotros vamos a respetar la ley y por eso los casos que ya están definidos jurisdiccionalmente, donde ya se definió la competencia acá en la sala, se quedarán en la Sala Penal Nacional.

— Habrá un pleno en la Corte Suprema para definir la competencia. ¿Esperan tener la razón?
Mi conducta y la conducta de los jueces es el respeto a la ley y a la Constitución; y ello debe prevalecer. Nosotros creemos que estamos actuando de acuerdo a ley.